Artículos:  Corte Penal Internacional y Derecho Penal Internacional. N°2 - Mayo 2008

La presente investigación tiene por objetivo responder a la interrogante de si son excesivas las atribuciones que los Estados han concedido a la Corte Penal Internacional (CPI) al permitir que ejerza justicia penal y si tal medida no significa el fin de su soberanía. Igualmente, sin desconocer que surgen diversos problemas de relacionamiento entre dicho órgano judicial internacional y los Estados, se desarrollan ciertas ideas que moderan esa primera impresión. Ello permite examinar las reglas consensuadas en las normas correspondientes del Estatuto de Roma, en las que además de los criterios y estándares existentes en Derecho Internacional, en particular relacionados al debido proceso, se circunscribe específicamente las situaciones en las que afirmando la regla general del deber de intervención de la justicia penal de los Estados, podría actuar la CPI. Tal habilitación se produce cuando verifique que el Estado no desea o no puede investigar o procesar los crímenes internacionales más graves. Finalmente, se reflexiona acerca de las atribuciones del Fiscal y no contaría asimismo con facultades desmesuradas a la luz de que podría definir con excesiva discrecionalidad cuando un caso no obedezca a los “intereses de la justicia”.

El presente artículo es el resultado de un estudio sobre una de las más graves crisis humanitarias mundiales, Darfur. En el marco del mismo, se hace hincapié en los obstáculos interpuestos por las autoridades sudanesas y la insuficiente cooperación de la fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU; lo que ha degenerado en que cinco años despúes de iniciado éste conflicto interno, y no obstante la intervención de la ONU y la Corte Penal Internacional, ésta crísis humanitaria no sólo no ha disminuido, sino que se ha profundizado.

El artículo pretende demostrar la urgencia de precisar la noción del reclutamiento de menores, sus características y sus alcances tanto en el marco del Derecho Penal Internacional como del Derechos Internacional Humanitario y desde luego, en el ámbito de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de ésta organización internacional, como resultado de la ausencia de una normativa clara al respecto caracterizada por la convivencia de normas con nociones distintas junto con teorías jurídicas que partiendo del Derecho Internacional Humanitario lo sobrepasan sin que exista un argumentación consistente para ello.

Todo lo anterior da lugar a la creación de mecanismos de supervisión y medidas de reproche que no se aplican en forma paritaria a todos los Estados, primando principalmente intereses de orden político.

El legislador y el juez ecuatoriano poco se han preocupado de adecuar el derecho interno a los preceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Penal Internacional (DPI), bajo el entendido de que el DIH es ajeno a un país que no ha enfrentado ni parecería va a enfrentar a corto plazo un conflicto armado a gran escala, olvidando la problemática situación de la frontera norte y sin tomar en cuenta que los Estados parte del sistema internacional humanitario y penal internacional se comprometieron a procesar no sólo a los presuntos responsables de crímenes de guerra cometidos en el territorio ecuatoriano, sino a los presuntos criminales cuyos actos u omisiones graves contrarias al DIH tuvieron lugar en el territorio de otro país del mundo pero lesionaron a toda la comunidad internacional incluido el Ecuador. Y es que parecen olvidar que el surgimiento del derecho penal internacional y la vigencia del principio de extraterritorialidad y jurisdicción universal, extienden el poder punitivo de los Estados.

El trabajo incide en el análisis de los principios generales del Derecho Penal Internacional establecidos en el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional en cuanto su relación e incidencia respecto al Proyecto de Constitución Política del Estado emitida por la Asamblea Constituyente de Bolivia.

En el curso del escrito, se da énfasis a los principios con mayor relevancia por su relación con el proyecto constitucional. Así, se considera el Principio de la ley aplicable, el Principio de legalidad, los elementos objetivos y subjetivos de la responsabilidad penal, para culminar con las defensas y causas especiales de exclusión de responsabilidad. Se realiza mención especial a principio ne bis in idem, la imprescriptibilidad de los delitos y los efectos de la obediencia debida como para de los mecanismos de defensa.

Ciertamente, dada la reciente existencia del proyecto constitucional, el trabajo se constituye en una inicial y provisional mirada sobre el tema. Así, el reconocimiento de avances como limitaciones de tal propuesta normativa, también arrojan conclusiones provisionales.

El presente análisis crítico del “Proyecto de Ley sobre Delitos contra la Humanidad” en Ecuador, presentado a finales del 2002 ante el Congreso Nacional por la Comisión de la Mujer del Honorable Congreso Nacional del Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, tiene por objetivo hacer énfasis en algunos temas que a juicio del autor son de especial interés.

En ésta investigación, miraremos con detenimiento la incidencia que para las fuerzas armadas de Colombia representa la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional; pero para llegar hasta el umbral que nos señale nuestro nuevo derrotero, se hace necesario indicar algunos aspectos generales sobre la relación entre el órgano judicial y nuestro país. Luego, y ese es el objetivo central de nuestro acercamiento, miraremos a la corte con ojos castrenses.

El presente trabajo de investigación constituye un acercamiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la perspectiva del Derecho Penal Internacional. Lo propuesto, en razón de que esta Corte se ha visto en la necesidad de evolucionar para hacer frente al escenario internacional y a los desafíos que este plantea para la promoción y protección de los derechos humanos, lo cual la ha llevado a incluir dentro de sus consideraciones, criterios no sólo provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también del Derecho Penal Internacional.

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar brevemente los aspectos más relevantes en cuanto a la improcedencia de las inmunidades de los altos funcionarios en la persecución de crímenes internacionales, atendiendo a la disposición prevista en el artículo 27 del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional.

A tal efecto, el trabajo expone tres aspectos fundamentales inherentes al desarrollo del tema, partiendo como base sobre la Corte Penal Internacional y los Derechos Humanos, posteriormente lo atinente a los crímenes internacionales y su persecución, cerrando con el análisis respecto a la improcedencia de los cargos oficiales.

Asímismo, cabe destacar que el desarrollo del presente tema guarda relación con la protección de los derechos humanos frente a la impunidad de los crímenes internacionales cometidos por altos funcionarios, así como las formas alternativas para la implementación de la referida norma prevista en el Estatuto de Roma.

A la luz del Derecho internacional convencional, fuente representada por el Estatuto de la Corte Penal Internacional así como otros tratados internacionales de Derechos Humanos; y del Derecho internacional consuetudinario, fuente expresada a través de jurisprudencia de tribunales internacionales y tribunales nacionales; se busca demostrar la relación intensa entre las violaciones graves de los derechos humanos (en concreto del llamado núcleo duro) y los crímenes de lesa humanidad (con la configuración de sus respectivos elementos). De esa forma, luego de abordar algunas nociones generales se estudia la generación de la responsabilidad internacional individual por crímenes de lesa humanidad entendidos como violaciones graves de los derechos humanos. En buena cuenta, la interacción entre el Derecho penal internacional y el Derecho internacional de los derechos humanos.

El presente estudio es un acercamiento político-jurídico a la evolución de la justicia penal internacional para perseguir la responsabilidad penal de los individuos. En tal sentido, se hace hincapié en el principio de jurisdicción universal, la proliferación de los tribunales internacionales y el protagonismo de la sociedad civil organizada.