La CPI es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el fiscal, la CPI les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.

Además de existir disposiciones expresas en el Estatuto de Roma, en las Reglas de Procedimiento y Prueba y demás normas conexas para la protección durante el proceso judicial, a las víctimas se les reconoce los derechos a recibir asesoramiento, asistencia jurídica y una reparación efectiva, cuya naturaleza y monto será evaluado en cada
caso concreto. Los perpetradores de crímenes internacionales están obligados a reparar a las víctimas con su patrimonio, existiendo inclusive la posibilidad de que la CPI, cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia,
adopte medidas cautelares que las beneficie.
Adicionalmente se ha dispuesto la creación de un Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas, cuyo fin es asegurar que las víctimas reciban alguna reparación por los daños sufridos. El Fondo está conformado por las sumas y los bienes que la CPI reciba por concepto de multa o decomiso
y las contribuciones voluntarias que realicen los
Estados e individuos.

Con la CPI, el Derecho Internacional se ha inclinado significativamente hacia el reconocimiento progresivo de las víctimas como partes efectivas de los procesos que contribuirán
a un mayor conocimiento de los crímenes y del
contexto bajo los cuales éstos fueron cometidos.