Bajo una interpretación extensiva y contraria al propósito de la Corte, estos Acuerdos pretenden basarse en el Art. 98, numeral 2 del Estatuto con el objeto de que los Estados celebren convenios especiales que eviten detener y entregar
a sus nacionales a la CPI.

Para los EE.UU. la CPI viola la soberanía de los Estados para administrar justicia y afecta las operaciones militares que conduce en cerca de 100 países. Además, considera que la Corte pretende ejercer un control sobre las operaciones
de paz del Consejo de Seguridad y que atenta contra los procesos de transición democrática al poder revisar fallos y amnistías otorgados en el marco de estos procesos.

La principal preocupación de EE.UU. es sobre la competencia territorial de la CPI. De esta forma, toda persona acusada de cometer un crimen de competencia de la Corte en el territorio de un Estado Parte, independientemente de que su país sea o no parte del Estatuto, podrá ser detenido,
entregado y juzgado por la CPI.

En agosto de 2002, mediante la Ley de Protección y
Seguridad del Personal Estadounidense, se estableció como plazo el 1 de julio de 2003 para que se suscriban Acuerdos Bilaterales de Inmunidad (ABI). Los que no suscribiesen este tipo de Acuerdos, verían comprometida la ayuda militar salvo que el Presidente de EE.UU. expresamente dispusiera lo contrario (sea por motivos de Seguridad Nacional o por la firma posterior de éstos). Hasta la fecha, cerca de 100 países han suscrito los ABI, entre ellos 7 latinoamericanos:
Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. De los dos países de la región andina, solamente el de Colombia está en vigor.

Sin embargo, el resultado de esta medida no ha sido el esperado, por lo que a finales de 2006, la administración Bush optó por modificar esta política. En octubre de 2006, se levantó la prohibición de otorgar fondos para entrenamiento militar (IMET, por sus siglas en inglés) y luego
fueron restaurados hacia los países que habían rechazado los ABI. En noviembre, el gobierno estadounidense retiró las sanciones a 14 Estados (Bolivia, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Kenia, Malí, México, Namibia, Níger, Paraguay, Perú, Samoa, Sudáfrica y Tanzania) permitiendo que
vuelvan a ser elegibles para recibir «Fondos de Apoyo Económico » (ESF, por sus siglas en inglés).
Cabe destacar que esto no significa un cambio en la apreciación del gobierno norteamericano hacia la CPI sino que debe ser visto como una acción para recuperar un terreno que estaba siendo ocupado por otros países en temas de entrenamiento militar y en proyectos de cooperación para el desarrollo.