El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002 2002, por lo que la CPI es actualmente un órgano plenamente constituido y en funcionamiento. Hasta la fecha, 139 países han suscrito el Estatuto de Roma y 104 lo han ratificado.
Por América Latina, son parte del Estatuto: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. A su vez, Chile ha suscrito el Estatuto pero aún están en proceso de ratificarlo. El Salvador, Guatemala y Nicaragua no han suscrito el Estatuto por lo
que deberán acceder a este directamente.

En febrero de 2003, la Asamblea de Estados Parte eligió a los magistrados de la CPI, basándose en sus conocimientos en Derecho Penal, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hubo una renovación parcial en enero de 2006 y la próxima elección será en el 2009.

De los 18 jueces fueron elegidos por América Latina: Elizabeth Odio Benito de Costa Rica, Sylvia H. de Figueiredo Steiner de Brasil y René Blattmann de Bolivia.

En abril de 2003, la Asamblea eligió unánimemente al abogado argentino Luis Moreno Ocampo como Fiscal de la Corte, quien estará a cargo de conducir las investigaciones y de llevar a cabo los procesos. Según el Estatuto, la Fiscalía actuará como un órgano separado y de forma
independiente de la Corte. Cabe destacar que en septiembre de 2003 fue elegido el ex-Fiscal Federal de Bélgica, Serge Brammertz, como Fiscal Adjunto de la Corte. En septiembre de 2004, la ex-Asesora del Tribunal Ad-hoc para Ruanda, Fatou Bensouda de Gambia, fue elegida como Segunda Fiscal Adjunta.

Finalmente, el 24 de junio de 2003, el francés Bruno Cathala fue elegido Secretario de la Corte. Él estará encargado de su administración y de prestar asistencia técnica en los procesos. Además, creará y administrará una Dependencia de Víctimas y Testigos, encargada de adoptar
medidas de protección, dispositivos de seguridad y asesoramiento a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte.