Uno de los principios generales del Derecho Internacional es que los acuerdos deben cumplirse de buena fe y no se podrá invocar disposiciones internas para justificar el incumplimiento
de un tratado. En el caso del Estatuto de
Roma, los Estados asumen el compromiso de asistir y cooperar con la CPI, obligándose a crear en el derecho interno los procedimientos aplicables para cumplir adecuadamente con estas solicitudes.
Un proceso de implementación contempla la tipificación de los principios y crímenes internacionales que se encuentran en el Estatuto, la derogación de cualquier disposición
legislativa o administrativa que pueda constituirse en una traba al ejercicio de las funciones de la Corte y la incorporación de mecanismos internos que faciliten la colaboración entre las entidades del Estado y los órganos
de la CPI.

Para hacer frente a esto, los Estados deberán realizar un proceso de revisión de la Constitución de sus países, de su legislación penal, procesal penal y demás normas complementarias.
Asimismo, los Estados deberán capacitar a
sus funcionarios para que puedan hacer frente a este nuevo escenario.