La Corte Penal Internacional no reemplazará la jurisdicción nacional sino que será un complemento a dicha competencia.

Las instancias nacionales seguirán teniendo prioridad en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos en su territorio. La Corte actuará solamente en el caso que el Estado no tenga la voluntad política para proceder al juzgamiento o no tenga los
medios necesarios para administrar justicia.
El Fiscal de la CPI tiene una facultad discrecional para determinar sobre qué situaciones decidirá abrir una investigación.

Un elemento importante es que el Estatuto permite
juzgar a cualquier presunto responsable de cometer
crímenes internacionales, independientemente de que sean funcionarios del Estado o de grupos armados al margen de la ley.