El «Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional» es un tratado cuyo objetivo es otorgarle a sus órganos las facilidades necesarias para el ejercicio de
sus funciones en el territorio de los Estados Parte, así como proteger los documentos, agentes, víctimas, testigos y demás funcionarios ligados a la CPI. La Corte no puede regirse por el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades aplicable a la ONU ya que no es un dependiente de esta organización.

Hasta febrero de 2007, 62 Estados lo han suscrito y 48 lo han ratificado. Por parte de América Latina, este Acuerdo ha sido suscrito por Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela; de los cuales Argentina, Belice, Bolivia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay lo han ratificado.